Me gustaría hacer una pequeña reflexión a los señores dirigentes de ésta Comunidad Autónoma, qué no hacen otra cosa que limitar derechos fundamentales que la Constitución nos da a los ciudadanos, vivamos donde vivamos.
Voy a explicar el caso de mi madre, que me afecta directamente por tenerla a mi cargo. Sufrió una segunda trombosis en febrero de 2007 que le ha postrado en silla de ruedas, solicitamos ayuda de la Consellería para atenderla en centro de día mientras sus hijos trabajábamos, debo recordar que todavía existía la posibilidad de solicitar esa ayuda de la Consellería. Como no tuvimos respuesta, nos vimos en la necesidad de buscar un Centro de Día igualmente sin ayuda. Después de realizar todos los trámites oportunos y pasados unos meses sin contestación alguna llamé a la Consellería para que nos dijera algo y lo que me dijeron era que como urgencia me dirían algo en el momento que hubiera una baja, desgraciadamente eso suponía que alguien tenía que faltar, así me lo dijeron y que de momento teníamos que esperar (abril de 2007).
Pues bien pasado un tiempo me entero que no se van a conceder más ayudas de la Consellería porque ha salido una ley del Gobierno Central que es incompatible con las ayudas que da la Consellería. Nos informamos mejor y comenzamos a tramitar la Ley de Dependencia (junio de 2007), al mismo tiempo y como era todo muy confuso y no queríamos dejar nada sin atar, solicitamos una revisión de la minusvalía que la Consellería había concedido a mi madre por la anterior trombosis añadida a otras enfermedades; después de acudir personalmente con ella nos dicen que no la van a valorar, simplemente se van a ratificar en la anterior minusvalía para que nos concedan el aparcamiento en minusválidos y que después la llamarán, aproximadamente en un año, hoy es el día que nada nos han comunicado. Hablo con la asistenta social de mi Centro de Salud y me dice que no me preocupe de esto y que esté pendiente y arregle todo el papeleo de la Ley de Dependencia.
No recuerdo muy bien cuando vino la técnico para valorar la Ley de Dependencia, pero la resolución la recibimos en junio de 2008, posteriormente nos visita la asistenta social para hacer la propuesta del PIA, nos dice que tenemos que esperar unos meses y a fecha de hoy no hemos recibido respuesta alguna. En éstos dos años he sufrido una depresión de la que creo haber salido (tengo 41 años y mi vida totalmente paralizada, una oposición suspendida y mi vida laboral en el aire) de momento me siento una privilegiada por no faltarme trabajo, pero mi suerte puede cambiar en cualquier momento.
Con respecto a mi madre, debo indicar que el grado de minusvalía que le han dado es de un 84% a pesar de necesitar alguien a su lado para hacer todo, ya que no puede ni siquiera levantarse por sí misma (aseguro que es muy duro aceptar una situación así con 71 años), que se corresponde con un Grado III Nivel I y que a éstas alturas ya debería estar recibiendo la ayuda. La situación se complica día a día pues cada vez está peor, tanto sicológica como físicamente, ya que no acepta quedarse en una residencia y la ayuda que dan no me permite tenerla en casa, tiene una pensión SOVI de 368 €, que para colmo no tienen en cuenta cuando hablan de subir las pensiones más bajas, porque según me dijeron están asociadas a un presupuesto concreto y sólo tienen la subida del IPC (éste año 11€).
La reflexión que hago es la siguiente: no hubiera sido mejor, haber concedido una ayuda previa por la Consellería hasta recibir la aprobación de la correspondiente a la Ley de Dependencia. Lo mejor hubiera sido esto y seguramente muchas personas no se hubieran quedado por el camino y otras no nos hubieramos visto en una situación tan desesperada (y en éste último caso hablo de las dos, de la desesperación tanto de mi madre como de la mía).
Siguiendo con el tema de los derechos que nos asisten ciertas leyes, quiero que sepan lo que me ocurrió hace un par de semanas en mi visita a la Consellería de Bienestar Social. Quería hablar con alguien que me explicara en qué situación se encontraba el expediente de mi madre, puesto que llamaba al 900 y lo único que me decían era lo que ponía en el ordenador y si llamaba a la asistenta social decía que de momento no sabían nada. Pues bien, cuál fué mi sorpresa cuando el de seguridad me dice que si tengo cita con alguien para un lado y si no, al registro a pedir cita (así como suena con bastante arrogancia), yo le digo que no tengo cita pero no creo necesitarla que solamente quería que me atendiera un funcionario y me explicara la situación del expediente. Vuelve a repetirme lo mismo y ante la insistencia me dice que si le doy nombre y apellidos de alguien de las oficinas el no tendría problema en dejarme pasar, le digo que desgraciadamente no conozco a nadie, pero ya enfadada le digo que si me identifico con del DNI tenía derecho a que me dejara pasar porque se trata de un edificio público y no quería ver a ninguna personalidad en concreto, únicamente con un funcionario raso. Insiste en lo mismo y además me dice que el edificio es privado. Como no daba crédito a lo que decía, le digo que me lo repita y así lo hace de nuevo. Finalmente y visto que no me iba a dejar pasar, entro al registro y pido cita por escrito. Como decía, esto fue hace unas tres semana y todavía no se han dignado en llamarme.
Conclusión, cuando van a dejar de atropellar nuestros derechos, no sé exactamente lo que quería decir este señor, pero lo que sí que tengo claro que de momento si entro en una Consellería no me puede decir que es privado. Hasta donde vamos a llegar. Por supuesto lo he comunicado al Defensor del Pueblo que me ha contestado que estudiarán el caso.
espero que más pronto que tarde los ciudadanos valencianos abran los ojos y comienzen a moverse.
un saludo a todos los que están pasando por situaciones difíciles como consecuencia de todo esto y ánimo.
Ana
